Por Marcelo Ramón Lascano

Poco antes, durante y sobre todo después de los debates, recriminaciones y un sinfín de intervenciones de diferente laya, el tema agrario o agropecuario, si se prefiere, ha dominado la escena intelectual en la Argentina.

Si no fuera por las irrelevancias y extemporaneidades de muchos enfoques, no valdría la pena volver sobre una cuestión que debería estar virtualmente definida o, en todo caso, circunscripta, al menos por ahora, al tema derechos de exportación o retenciones para concentrarnos en otras cosas tanto o más importantes en las coyunturas interna e internacional actuales.

No es que subestime el debate, sobre todo en el plano académico y aún periodístico, pero resulta que privilegiarlo en un escenario tan dinámico y cargado de tantas cuestiones pendientes y urgentes, parece un contrasentido, sobre todo si se aprovecha el conflicto para exhumar el pasado y centrar las frustraciones argentinas en el desempeño de la oligarquía, básicamente rural  y sus adyacencias comerciales y financieras, como si las oportunidades perdidas durante las últimas décadas fueran ajenas a las gestiones partidarias y militares, del sindicalismo, de un proceso industrial que apenas encontró adecuadas respuestas en pocos casos y de manejos financieros enraizados en la decadencia argentina.

El finado Díaz Alejandro nos dejó un legado que  frecuentemente se olvida. Recomendó no confundir economía con contabilidad. La primera se ocupa dinámicamente del quehacer personal, empresario y social relacionado con la vida y con la asignación de recursos escasos de uso alternativo (Robbins).

La segunda es una disciplina de registro, la fotografía que no llega a ser una película. Registra momentos sin emitir juicios. La interpretación correcta de los contenidos estadísticos requiere preparación técnica auxiliada por el conocimiento científico. La historia, por su parte, ofrece el escenario que sustenta una explicación aceptable según las circunstancias que los números solos no siempre pueden describir, máxime en series largas de tiempo (correlaciones, regresiones, etc.).

Por todo ello Shumpeter enseñó que no se podía hablar de economía sin teoría, historia y estadística.

El conflicto entre el agro y el gobierno, que debería denominarse entre la agro industria y el poder, porque el gobierno no está solo en el enfrentamiento, reaviva viejos recelos y acusaciones cuya peor consecuencia es profundizar las diferencias en la sociedad y la discordia que es la peor enemiga del orden social.

Lo más dramático desde el punto de vista de la indispensable unidad nacional, es que apelándose a argumentos decimonónicos, desactualizados, se incentiva el odio y la beligerancia interna en momentos de reacomodamientos en el mundo y de redistribución del poder mundial donde lamentablemente estamos ausentes. Sólo un autismo diversificado puede explicarlo.

El agro reniega de los derechos de exportación porque los considera una carga arbitraria y en algunos momentos ilegítima porque no contemplan costos y rentabilidades según rindes y distancias hacia los puntos de concentración.

Esto fue así y se corrigió. Los representantes del sector niegan inclusive la legitimidad de las retenciones y frente a precios declinantes se agravian, denunciando que otros como acopiadores, exportadores, etc. no experimentan los mismos quebrantos, con independencia de que su solvencia financiera los exime de las penurias que afligen a los productores.

Más allá de la legalidad de los derechos, parece razonable que como en el caso de la soja, la contribución pueda justificarse también en el trigo y en el maíz si los precios se recuperaran. Lo que hay que subrayar es que si el Impuesto a las Ganancias cumpliera su cometido, las retenciones no tendrían razón de ser. Otro tema pendiente que los parlanchines de ambas margenes omiten a pesar de su trascendencia fiscal.

Si habláramos de agro industria los enfoques serían diferentes. Alberto Fernández sostuvo que “El campo es parte importante de la economía, pero no es el motor único o primordial…”

Se equivoca, me parece que es primordial sobre todo si se lo asocia con sus eslabonamientos hacia delante y hacia atrás. Unos pocos números lo confirmarían. Obsérvense algunos indicadores conjuntos porque agro e industria parecen vivir en simbiosis, es decir donde un sector no funciona sin el otro, al menos para alcanzar resultados que sorprenden en todos lados menos entre nosotros.

La cadena agro industrial configura un entramado que reúne 41 actividades productivas, genera casi el 19% del PBI y el 36% del empleo total incluidos eslabonamientos en ambas direcciones.

Considerando interdependencias, aporta al Tesoro ingresos fiscales equivalentes al 12% del PBI ó 40% de la recaudación total.
En el sector externo, su desempeño ha sido

altamente auspicioso. La cadena agro industrial representa el 56% de las exportaciones globales del país y desde el punto de vista de su valor agregado exporta el 33% de su producción. La contribución neta al balance cambiario alcanza a 20.000 millones de dólares.

Si se compara con la industria donde el déficit asciende a 26.000 millones, las diferencias son objetivamente destacables. 

Dejando de la lado la verdadera revolución tecnológica que registró el sector primario que, huelga decir, asombró al mundo, la misma como resultado desparramó sus efectos al mismo sector industrial, cuyo dinamismo es inseparable no sólo de la siembra directa y de la agricultura de precisión, sino también de monitores de rendimiento, almacenajes móviles, de tolvas auto descargables, nuevas tecnologías de productos y de procesos, sin olvidar mejoramientos en semillas, manejo de la humedad de los suelos y rotaciones de cultivos con propósitos conservacionistas.

Toda esta actividad se tradujo en significativos aumentos de la población rural, demanda de empleos calificados, modernización urbana y una adecuada distribución geográfica de la actividad regional con fuertes polos industriales especializados como Santa Fe 47%, Córdoba 28% y Buenos Aires 18% según valor agregado en origen (Bragachini).

La fábricas de maquinaria agrícola generan 40.000 puestos de trabajo directos y un centenar de ellas exportan a más de veinte países una considerable cantidad implementos cuya importancia económica y social no debería ignorarse.

Los terratenientes ya parecen categorías históricas, al menos en la versión demonizada. Según la Superintendencia de Seguros de la Nación el 74% de las explotaciones agrícolas tiene menos de 100 hectáreas, hecho que bien puede contribuir a explicar la difusión de los pools de siembra, habida cuenta que las unidades pequeñas no tendrían porvenir sin explotar adecuadas escalas de producción, al margen de eventuales rentistas.
Esta es la realidad.

Ahora bien, de ella no se debería despenderse que los merecimientos de la agro-industria deban disfrazarse de abusos o de frutos de super rentas no ganadas, como se dice en materia fiscal, porque ello sería faltar a la verdad. El sector sin ruido ni ostentación ha ganado reputación internacional.

En poco tiempo llegó a casi 100 millones de toneladas, básicamente de granos y podría ir por más si un adecuado entendimiento con el mundo oficial y con las usinas ideológicas equilibraran las posiciones. Confiscar la renta que se considere “excedente”, tema que no es sencillo ni novedoso, podría resultar contraproducente y abortaría las posibilidades de ampliar la curva de posibilidades de producción donde se ha demostrado que el Fisco y el Banco Central han sido accionistas privilegiados.

Lo extraño es que el mismo encono no se extienda a sectores que desde siempre sobreviven de subsidios no siempre transparentes  que se restan a otros fines quizá más importantes.

Nota publicada en BAE 

Por Marcelo Ramón Lascano

Exclusivo para Perspectivas Politicas.Info

Los paraísos o refugios fiscales o tributarios, según se prefiera, en cuanto a sus distintas funciones no son una creación moderna, digamos del siglo XX. La localización de riqueza, sobre todo líquida, lejos o fuera de las jurisdicciones nacionales han configurado históricamente un expediente defensivo frente a inseguridades que amenazan la integridad patrimonial de quienes apelan a estas instituciones invocando derechos de propiedad.

Lo que si es cierto es el fenómeno moderno de la proliferación y del abuso que se ha hecho de los mismos también por razones “non sanctas”, pero ello es otra cosa y requiere explicación para no confundir a la opinión pública. Una cosa es proteger, sobre todo la propiedad fiduciaria en estos centros bancarios extraterritoriales frente a riesgos de abusos públicos o privados, como sería en caso de confiscaciones, o de extorsiones mafiosas que lesionarían patrimonios personales y podrían causar daños de diferente laya.

Otra cosa es la apelación a entidades bancarias o financieras situadas fuera de la jurisdicción de residencia de los usuarios cuando median cuestiones criminales o desviaciones fiscales a designio, entendidas como transgresiones a la legislación vigente en los respectivos países. Más allá de las diferentes tipificaciones penales, resulta obvio que no es lo mismo blanquear dinero procedente de la droga o de secuestros seguidos de muerte  de la víctima, que disimular ventas o ganancias en violación de disposiciones tributarias.

Además de que no debe confundirse la naturaleza, gravedad del delito y peligrosidad de los actores, también deben, como dicen y abusan los garantistas, contemplarse las circunstancias dominantes en los escenarios donde los delitos tienen lugar sobre todo en materia fiscal. Ello no para buscar justificaciones, sino para comprender los motivos determinantes de las acciones ilícitas que en materia tributaria puede asociarse a imposición extorsiva o confiscatoria con grave lesión patrimonial. Ello no es una fantasía. La justicia lo ha reconocido y se enderezó la situación.

El presidente Obama actualizó el tema y nuevamente se ha instalado la controversia. Es que no todo el mundo está de acuerdo en demonizar a los feudos Offshore, cuyas siderales magnitudes y dispersión geográfica sirven para corroborar su importancia y formular otras reflexiones.

No cabe duda de que parte del dinero allí localizado puede estar vinculado con actividades criminales y fraudes fiscales. Pero téngase en cuenta que estamos considerando unos 12 billones de dólares, equivalentes casi al PBI norteamericano, radicados en 88 entidades, entre las cuales registran bancos de singular envergadura y prestigio ecuménico. De ello puede colegirse que parte de esa riqueza no necesariamente debe estar involucrada en actividades ilícitas. Por ello las generalizaciones pueden resultar peligrosas

Un ejemplo permite entender porque algunos contribuyentes pueden disparar de sus jurisdicciones fiscales y evitar así la erosión de su fortuna debido a impuestos inconvenientes, indeseables o distorsivos. Cuando se gravan las tenencias patrimoniales con prescindencia de si rinden o no beneficios, el titular siempre debe pagar, sea por dinero en efectivo o depósítos generalmente mal remunerados y exponerse, entonces, a recurrentes pérdidas, al margen de que si se tratara de títulos o valores cotizables, las variaciones, además, profundizarían sus quebrantos.

Algunas de esas razones han sido determinantes para que en la experiencia comparada haya casi desaparecido la imposición de base patrimonial como nuestro Impuesto sobre los Bienes Personales, de ostensible signo discriminatorio contra la clase media, pues empuja a los contribuyentes a buscar otros refugios. Esto visto macroeconómicamente descapitaliza a los países, posterga o encarece inversiones y desincentiva las iniciativas nacionales.

Pero la demonización tiene una contrapartida higiénica, un aura salvifica, como bien lo saben los norteamericanos que seguramente se lo recordarán al amigo Obama. Durante la presidencia de Clinton, en los 90´, por razones de competitividad y también para afirmar el comercio exterior de los EEUU, se admitió operar desde refugios fiscales para economizar impuestos nacionales aunque ello restara ingresos al Fisco estadounidense. Asimismo, se admitió demorar abusivamente la declaración de utilidades extraterritoriales por parte de las matrices con iguales propósitos. Aquí, obviamente, no cabe hablar de fraude, aunque el presidente tenga razón en recuperar esos ingresos máxime en estos momentos. Los 210.000 millones que espera el IRS para los próximos años ahora encuentran justificación.

El tema da para mucho más. Estas líneas sólo aspiran a correr el velo para no simplificar en exceso. Me parece que tanto dinero no puede sólo responder a ilicitud y criminalidad. Habría que profundizar el análisis y buscar certezas, precisamente para que las definiciones generalizadoras no dañen a quienes se atajan de atropellos o abusos cuando su eventual transgresión, si la hubo, pudo haber respondido a un innato y natural instinto defensivo de lo propio y no a la búsqueda de discreción para esconder delitos que hoy la humanidad condena severamente.

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