Por Pedro Simoncini

Exclusivo para Perspectivas Políticas.Info

En las últimas semanas, desde los sectores oficiales –principalmente el  COMFER-  se está impulsando una llamada ¨ Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ¨, que está siendo objeto de presentaciones en diversos ámbitos, como la UBA y ciudades del interior, en reuniones denominadas de Participación Comunitaria.

Cabe preguntarse sobre las razones por las que un tema de tanta trascendencia, es planteado en momentos en que la ciudadanía está principalmente ocupada y preocupada por el futuro institucional del país y las elecciones del 28 de junio.

Nuestros sistemas de Comunicación Audiovisual -salvo algunas excepciones- operan en un estado de incertidumbre y confusión que no favorece ciertamente su sana evolución futura.

Existen dificultades derivadas en parte, de la novedosa intervinculación entre Telefonía, Televisión e Informática y los cambios que se preanuncian en el área de producción, distribución y difusión de nuevos contenidos. La reciente Resolución 275 del COMFER ha incorporado un nuevo elemento conflictivo.

En el sector de radiodifusión, por ejemplo, reina un desorden en el que se entremezclan intereses comerciales, dificultades tecnológicas, normas operativas y demoradas decisiones administrativas que hoy impiden saber- por ejemplo, según reconoce el mismo COMFER-  quiénes son los titulares y operadores de emisoras en muchos lugares del país.

Es notable también la apetencia despertada en amplios sectores de la sociedad por acceder a licencias de diversos servicios: Además de núcleos empresarios, también entidades educativas, cooperativas, intendencias, organizaciones sin fines de lucro, sectores religiosos, sindicatos, etc., pretenden ocupar posiciones del espectro comunicacional del País, sin que en muchos casos se evalúe el mecanismo eficiente de instalación y financiación de estas costosas actividades.

Por encima de este complejo panorama, se encuentra además sobrevolando, factores políticos, que en los últimos tiempos han dado lugar a  severas controversias, por ejemplo con relación a la intervención del gobierno en la distribución de sus pautas publicitarias o el antagonismo virulento evidenciado hacia importantes medios y operadores.

Ello origina serias dudas sobre la sinceridad de la propuesta dada a conocer cuando reiteradamente, expresa el propósito de reordenar el área de la comunicación audiovisual y atender y respetar la ¨ libertad de expresión ¨ que es ingrediente fundamental de toda sociedad democrática.

Precisamente, algunas de las experiencias vividas en nuestro país, en los últimos tiempos, parecerían señalar que esa preocupación no siempre se evidencia en nuestra sociedad, frecuentemente percudida por la pérdida de valores, el deterioro de las Instituciones, y cierta pasividad  indiferente de importantes sectores de la dirigencia.

Debemos preguntarnos, si el país necesita una nueva legislación sobre medios. Desde ya, señalemos que los medios desempeñan un insustituible papel en la sociedad moderna, por su influencia sobre un ilimitado abanico de actividades, personas y núcleos sociales, que los ha erigido en el poder formador de seres humanos más formidable de la época moderna.

Además, la velocidad de cambio de las tecnologías, impone la necesidad de una legislación que contemple con sabiduría y previsión, cómo enfrentarlas, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también en lo  político y social.

¿Es posible elaborar una nueva Ley, eficiente en la solución de esas necesidades múltiples y que al mismo tiempo proteja, defienda y asegure, la auténtica libertad de expresión para sus operadores, a fin de que puedan colaborar en la remoción de los graves impedimentos que carcomen nuestra estructura Institucional?

El análisis somero de las disposiciones propuestas, el marco crispado y el tiempo crítico elegido para lanzar el Proyecto, revelan que lamentablemente las normas propuestas, por su debilidad y vulnerabilidad, más allá de rimbombantes expresiones, exponen a la Sociedad al agravamiento de muchos de los problemas que nos afectan, en un ámbito de enorme repercusión colectiva.

© www.perspectivaspoliticas.info

El Doctor Pedro Simoncini es Presidente de la Asociación Civil Contenidos, Medios y Sociedad,  y uno de los fundadores de la Televisión Privada Argentina desde el comienzo de las transmisiones de Canal 11 de Buenos Aires, en 1961